El juez de ‘Gürtel’ investiga contratos que firmó Negreira con Feijóo de conselleiro

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, dictó una providencia en la que reclama información de 15 sociedades que presuntamente pagaron comisiones a la trama corrupta, después de que la Brigada de Blanqueo de la Policía se lo solicitase. En concreto, quieren investigar las adjudicaciones obtenidas por estas empresas entre 2001 y 2004 en Galicia, Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Esta investigación, como pudo comprobar Xornal, afectaría al menos a cuatro contratos por valor de casi cuatro millones de euros firmados por Carlos Negreira, ahora candidato del PP coruñés, en su etapa como presidente de Portos de Galicia. El organismo portuario dependía entonces de Política Territorial, con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como conselleiro. Precisamente en esa etapa, el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, en prisión provisional, figuraba como vocal de la consellería de Feijóo en el consejo de administración de Portos.

Las al menos cuatro adjudicaciones firmadas por Carlos Negreira como presidente de Portos que ahora levantan las sospechas de la Brigada de Blanqueo fueron a favor de la empresa Constructora Hispánica, presidida por el imputado en la trama Alfonso García Pozuelo. Se da la circunstancia de que, hasta el nombramiento de Negreira en el ente portuario, la Xunta no le había dado ningún contrato a esta sociedad desde 1999. Fue a los pocos meses de su llegada, en octubre de 2003, cuando Constructora Hispánica comenzó a recibir adjudicaciones, casi todas formando parte de una UTE con otra empresa. La primera, de casi dos millones de euros (1.936.000), fue para la ampliación de los muelles en Cabo de Cruz, adjudicada el 14 de octubre de ese año.La siguiente, de casi un millón de euros más (961.500), fue solo dos meses después, el 26 de diciembre de 2003, para el muelle interior de Mirasol-Ribadeo.

Ya en 2004, el 23 de septiembre, la misma empresa recibe una adjudicación de más de 600.000 euros (636.000), para la remodelación del dique de canalización del puerto de Foz, en Lugo. De nuevo menos de dos meses después, el 12 de noviembre, se lleva un contrato público de casi 300.000 euros (285.600) para dragar el canal de acceso también del muelle de Mirasol, en Ribadeo.

Todos estos contratos fueron otorgados además justo en la etapa de Feijóo como conselleiro de Política Territorial, ya que estuvo en ese cargo desde 2003 hasta 2005. Como informó Xornal en exclusiva en su día, en esta misma etapa de Feijóo y Negreira, Pablo Crespo figuraba como vocal del consejo de Portos. Además lo hacía como representante de la consellería de Política Territorial. Este consejo de administración cesó oficialmente con la llegada del bipartito, como consta en el Diario Oficial de Galicia del 30-12-2005. A pesar de esto, tanto Feijóo como Negreira siempre han sostenido que no tuvieron relación con Crespo y que este presentó su dimisión en diciembre de 2003. Documentos del sumario de la trama que fueron publicados por Xornal demuestran que Crespo llegó a cobrar de Portos con Negreira y Feijóo en la Xunta, a pesar de desvincularse en 1999 del puesto de secretario de Organización del PPdeG.



otros contratos, en el sergas

A pesar de que la mayoría de contratos públicos para estas empresas entre 2001 y 2004 en la comunidad llegaron desde Portos de Galicia, el Sergas, dependiente por aquel entonces de la Consellería de Sanidade de José María Hernández Cochón, le adjudicó al menos tres obras a otra de las empresas investigadas, FCC Construcción, del imputado Enrique Carrasco. Una, en abril de 2001 para el centro de salud de Rosalía de Castro de Vigo por 1,6 millones; otra, en el de Betanzos en diciembre de 2002, por tres millones y otra por casi diez millones en el hospital de O Meixoeiro en agosto de 2003, que también estarían entre los contratos reclamados por el juez.


RECURSO DE UN AFECTADO

La providencia del juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira para pedir datos de las adjudicaciones ha sido recurrida por uno de los afectados, que considera que dar los datos de su firma, también reclamados a la Agencia Tributaria, sobrepasa la privacidad de las empresas. Al menos hasta que se resuelva el recurso, los datos que requiere la policía no serán entregados.

xornal
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